La ley de modernización laboral es una nueva oportunidad para que las justicias provinciales cumplan con lo previsto en la norma.
La ley de modernización laboral es una nueva oportunidad para que las justicias provinciales cumplan con lo previsto en la norma
El ingreso de 134.141 nuevos juicios laborales por riesgos del trabajo en 2025 (que equivale a 132,8 juicios por cada 10.000 trabajadores cubiertos) sigue agravando la situación del sistema y lo empuja hacia un escenario de extrema tensión institucional y financiera.
El 73% de los juicios del país se acumula en tres jurisdicciones: Buenos Aires, CABA y Santa Fe, distritos que reúnen el 61% de los trabajadores. Esta concentración territorial revela que el problema responde a distorsiones estructurales del proceso judicial en determinadas jurisdicciones.
Por otro lado, la litigiosidad a nivel nacional se incrementó en un 6,4% en 2025, superando el crecimiento de la producción industrial (1,6% según el INDEC). El nivel de judicialidad actual es elevado e injustificado a la luz de los datos objetivos, alimentando así dos grandes paradojas:
1) La paradoja interna: menos accidentes, menos fallecimientos pero más juicios. Desde el inicio del sistema de riesgos del trabajo en Argentina:
El sistema funciona en términos preventivos y de protección pero los juicios crecen de manera desproporcionada.
2) La paradoja internacional: en un sistema alineado con estándares globales la litigiosidad está fuera de escala. Argentina cuenta con un sistema alineado con estándares internacionales en materia de prevención y con una cobertura integral más protectora que la de los países más avanzados. Sin embargo, enfrenta un nivel de litigiosidad completamente desproporcionado.
Si se comparan los índices provinciales 2025 (juicios cada 10.000 trabajadores cubiertos) con indicadores internacionales, la desproporción es aún más evidente. Considerando las 5 provincias más litigiosas, lidera de manera destacada Santa Fe con 296 juicios cada 10.000 trabajadores, le siguen Mendoza con 208, PBA con 159, Córdoba con 127 y CABA con 113 juicios cada 10.000 trabajadores
Crecimientos Destacados:
• Santa Fe: Con 19.787 juicios en 2025, esta provincia muestra el panorama más crítico, con un índice de judicialidad de 296 por cada 10.000 trabajadores, superando en un 123% la media nacional. Además, registró uno de los mayores incrementos anuales de casos del país: +20,3% en juicios ingresados.
• CABA: Registró 25.325 juicios, con un aumento del 10,2% respecto de 2024 y un incremento en su índice de judicialidad del 11,9%, por encima del crecimiento promedio nacional.
• Buenos Aires: Lidera el ranking por volumen con 52.314 juicios, concentrando el 39% del total nacional, mientras que su fuerza laboral equivale al 32% del total país.
Estas tres jurisdicciones explican casi tres de cada cuatro juicios laborales por riesgos del trabajo de nuestro país.
Ampliando a las cinco provincias top en casos (sumando Mendoza y Córdoba), la concentración alcanza el 86%. El resto del país explica el 14% de los casos.
La raíz del problema: el desorden pericial:
La litigiosidad espuria encuentra su núcleo en el sistema de pericias médicas judiciales.
La Ley 27.348 estableció un mecanismo para ordenar y profesionalizar este proceso. Sin embargo, a casi nueve años de su sanción, la norma sigue incumplida en la mayoría de las jurisdicciones.
No obstante este panorama, merece destacarse que:
• Santa Fe inició en 2025 el concurso para conformar su Cuerpo Médico Forense y la Corte Suprema de la Provincia se encuentra próxima a designar tres peritos oficiales, dando un primer paso hacia la aplicación efectiva de la ley. En el marco de esta noticia, es necesario mencionar que Santa Fe es una de las 2 provincias (la otra es Jujuy, cuya litigiosidad es 36 veces la de Salta) que por ley provincial fija un plazo de caducidad (plazo para iniciar la acción judicial post paso por la Comisión Médica administrativa) de 2 años, que requiere ser corregido. Esto por cuanto la acción judicial posterior no inicia el reclamo desde cero, sino que revisa una decisión administrativa ya formada, lo que justifica un plazo breve para preservar la celeridad, la seguridad jurídica y la vinculación temporal entre la contingencia y la reparación.
El plazo de 2 años de la Ley de adhesión es un despropósito en este sentido
• Mendoza implementó hace dos años un sistema de auditoría de peritos judiciales. Aunque alcanza solo al 2% de los casos, el 90% de los dictámenes auditados fue corregido a la baja, constituyendo así otro indicador que ratifica que el viejo sistema de listado de peritos judiciales que a su vez cobran en proporción al valor del juicio (es decir, del valor por ellos mismos peritados) no funciona.
La solución es clara y está escrita en la ley: ordenar las pericias judiciales y cumplir plenamente con la Ley 27.348 mediante la conformación de los Cuerpos Médicos Forenses que profesionalicen la labor pericial con honorarios fijos y no a comisión del resultado del juicio. La próxima sanción de un nuevo régimen laboral podría ser el marco para que las justicias provinciales apliquen las normativas que frenen el avance de las demandas sin control.
